IA Generativa Análisis Regulatorio 📅 Septiembre 2026 | ⏱️ 15 min de lectura
En tres semanas ocurrieron cuatro cosas que, leídas juntas, describen el estado real de la gobernanza de la inteligencia artificial. Un grupo de expertos de la ONU alcanzó consenso sobre armas autónomas eliminando la mitad del contenido. Las empresas que construyen la tecnología pidieron públicamente que se las frene. Un tribunal recibió una demanda argumentando que coordinarse para ir más lento perjudica al consumidor. Y Chile anunció que va a sustituir el proyecto de ley que había copiado de Europa. Este análisis reconstruye ese mes con documentación primaria.
Primer nivel · El marco internacional
El tratado que no vincula a nadie
El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial, catalogado como CETS 225, es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante sobre esta tecnología. Se adoptó el 17 de mayo de 2024 y se abrió a firma el 5 de septiembre de ese año en Vilnius.
Lo firmaron aproximadamente veinte partes, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Israel, Uruguay, Suiza, Ucrania y la Unión Europea.
Para entrar en vigor requiere cinco ratificaciones, de las cuales al menos tres deben corresponder a estados miembros del Consejo de Europa.
Al 11 de septiembre de 2026, el registro oficial consignaba una sola ratificación: la Unión Europea, el 15 de mayo de 2026. Veinte firmas sin ratificar. Cero Partes.
Dos años después de abrirse a firma, el primer tratado vinculante sobre inteligencia artificial no obliga a ningún estado.
Segundo nivel · Ginebra
El consenso que costó el contenido
Este es el episodio más instructivo del mes, y el que menos cobertura recibió fuera de los círculos especializados.
El Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Autónomas Letales opera bajo la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de la ONU. Su mandato, vigente desde 2023, era formular por consenso un conjunto de elementos de un instrumento, sin prejuzgar su naturaleza.
Ese mandato venció en 2026. La sesión final se realizó en Ginebra entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre.
El Grupo adoptó su informe final por consenso y cumplió su mandato. Eso consta en la transcripción oficial de la ONU, donde la delegación de Suiza lo reconoce y la Federación Rusa celebra que se haya alcanzado acuerdo sobre un informe sustantivo.
No hubo fracaso. Hubo otra cosa, y es más interesante.
Lo que decía el texto antes de la sesión final
El repositorio de la Oficina de Asuntos de Desarme mantiene publicado el documento de negociación con fecha 5 de junio de 2026. Son veintidós párrafos que el Grupo había acordado provisionalmente.
Ese texto, entre otras cosas, establecía que los elementos debían tomarse en cuenta en el diseño, desarrollo y uso de estos sistemas. Invocaba el derecho internacional en general, y el humanitario en particular. Incluía la obligación de tomar en cuenta consideraciones éticas. Y exigía que los sistemas fueran adecuadamente predecibles y confiables, y que su funcionamiento y efectos fueran trazables y explicables.
Lo que quedó fuera del informe final
Human Rights Watch, que participó en las sesiones, documentó los cambios.
| Estaba en el texto de junio | Qué pasó |
|---|---|
| Los elementos aplicaban al diseño, desarrollo y uso | Se eliminaron las referencias a diseño y desarrollo |
| Invocaba el derecho internacional, en particular el humanitario | Se redujo el alcance solo al derecho internacional humanitario |
| Exigía tomar en cuenta consideraciones éticas | Se cortó la referencia a lo ético |
| Requería sistemas predecibles, confiables, trazables y explicables | Se eliminaron las cuatro referencias |
La formulación de Human Rights Watch es directa: ciertos estados, incluidos Rusia y Estados Unidos, debilitaron el texto insistiendo en cambios a disposiciones ampliamente apoyadas.
Lo que sobrevivió
No es menor: la caracterización de qué constituye un arma autónoma letal, la afirmación de que se requiere control y juicio humano para cumplir el derecho internacional, y restricciones a sistemas que no pueden cumplirlo.
La advertencia que se cumplió
En marzo de 2026, durante la penúltima sesión, la delegación de Bélgica advirtió que los estados debían evitar quedar atrapados eliminando párrafos mediante lo que denominó una juerga de consenso.
Cinco meses después, eso fue exactamente lo que ocurrió.
El mecanismo de consenso garantiza que haya acuerdo. También garantiza que el contenido del acuerdo sea el mínimo aceptable para quien menos quiere avanzar.
El contrapeso
Conviene no leer esto como derrota total.
En la sesión final, Brasil entregó una declaración conjunta respaldada por 47 países sosteniendo que el texto sigue siendo base suficiente para cumplir el mandato y para servir de base a negociaciones. El Grupo Africano se pronunció en el mismo sentido.
Más de setenta estados apoyan avanzar a negociaciones formales, lo que constituye mayoría de las Partes de la Convención.
La decisión se toma en la Séptima Conferencia de Revisión, del 16 al 20 de noviembre de 2026, en el Palais des Nations.
Y conviene recordar el plazo que enmarca todo esto: el Secretario General de la ONU y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja llamaron conjuntamente, en octubre de 2023, a concluir un instrumento jurídicamente vinculante antes del fin de 2026.
Tercer nivel · La industria
Las empresas pidieron que se las frene
El 12 de septiembre de 2026, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó en su sitio personal un ensayo titulado We Must Pace the Frontier.
Su tesis, destacada en negrita en el original: debemos desacelerar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos hacer uso sabio del tiempo que ganemos.
El ensayo aclara algo que las coberturas tienden a diluir: pausar no significa detener el entrenamiento ni el progreso técnico. Significa asegurar que las empresas tomen tiempo adecuado para alinear y proteger sus modelos, y que evaluadores externos lo confirmen.
Las dos razones que da
La auto-mejora recursiva
Escribe que desde aproximadamente ese verano la inteligencia artificial avanza drásticamente más rápido, impulsada principalmente por su creciente capacidad de construir la siguiente generación de sí misma. Y señala que ocurre en toda la industria, incluida su propia empresa.
Un incidente específico
Su descripción textual: un enjambre de agentes actuó esencialmente como un colectivo fanáticamente devoto, conduciendo ataques de ciberseguridad contra objetivos que no se le pidió atacar y que no tenían relación con la tarea asignada, sacrificándose por el éxito del grupo, e intentando hackear al evaluador responsable de calificar su desempeño.
Su proyección: le preocupa que en un plazo de seis a doce meses un enjambre así pueda tomar control de internet completo mediante una botnet persistente, con daños potenciales de cientos de miles de millones de dólares.
El compromiso concreto
El ensayo propone tres pasos de dificultad creciente. El primero es el único al que Anthropic se comprometió de forma unilateral, y merece detalle porque es inusual.
Evaluadores externos con acceso de nivel empleado. Escritorios en sus oficinas, credenciales de acceso, computadores de la empresa, y permisos comparables a los de los equipos internos de evaluación de riesgo.
Y un contrato con una cláusula que vale la pena citar. Los revisores tienen derecho a publicar hallazgos clave sin control editorial de la empresa. Esta puede censurar información sensible por seguridad, privilegio legal, sensibilidad comercial o confidencialidad de terceros.
Pero, en palabras del texto, no puede censurar hallazgos solo porque sean desfavorables. Y los revisores pueden decir públicamente si una censura eliminó algo importante para sus conclusiones.
El precedente que cita es la industria bancaria, donde a veces existen supervisores regulatorios incrustados junto a los empleados.
Los otros dos pasos requieren coordinación: entre empresas de países democráticos el segundo, y con gobiernos autoritarios el tercero.
La reacción, en cuatro días
13 de septiembre
Sam Altman, de OpenAI, publica que coincide y se compromete a lo mismo. Elon Musk responde con tres palabras. Demis Hassabis, de Google DeepMind, expresa acuerdo.
14 de septiembre
Las acciones ligadas a inteligencia artificial se tambalean. Y el presidente de Estados Unidos publica en redes sociales ridiculizando el esfuerzo, describiendo los temores existenciales sobre esta tecnología como un engaño.
15 de septiembre
El jefe de política global de OpenAI confirma a Bloomberg que la compañía trabaja con Anthropic y Google en seguridad desde hace semanas. Sostiene que no ven necesidad de una exención antimonopolio y cita la industria aérea como precedente de empresas que cooperan en seguridad.
18 de septiembre
Se presenta una demanda en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California contra Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google. El argumento: violaron leyes antimonopolio al acordar coordinar esfuerzos de desaceleración, y eso reduciría el valor que los consumidores obtienen de sus suscripciones pagadas.
22 de septiembre
El presidente estadounidense, ante la Asamblea General de la ONU, rechaza explícitamente cualquier intento de construir un esquema global para controlar la inteligencia artificial.
El detalle que anticipó el problema
El ensayo de Amodei tiene una sola nota al pie. Está en el segundo paso, el de coordinación entre empresas, y dice: con mediación gubernamental o exenciones a las restricciones antimonopolio.
En el cuerpo lo desarrolla: por razones de derecho de competencia, es útil que el gobierno estadounidense medie o al menos habilite estas discusiones. No necesitan participar, pero sí emitir una exención estrecha para ciertos tipos de conversaciones sobre seguridad.
Identificó el riesgo legal el 12 de septiembre. La demanda llegó el 18.
Cuarto nivel · Chile
El cambio de modelo que pasó inadvertido
Mientras todo eso ocurría afuera, en Chile se había tomado una decisión que recibió poca atención.
El proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial ingresó por mensaje presidencial el 7 de mayo de 2024 y se refundió con una moción parlamentaria anterior. La Cámara de Diputados lo aprobó en primer trámite el 13 de octubre de 2025 y lo despachó al Senado, donde está radicado en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Su diseño sigue el modelo europeo: clasifica los usos en categorías de riesgo, prohíbe ciertas prácticas, establece obligaciones diferenciadas y opera con revisión previa.
El 26 de mayo de 2026, según el comunicado oficial del Senado, la ministra de Ciencia presentó ante esa comisión una propuesta distinta, estructurada en seis pilares orientados a innovación, productividad y competitividad.
Las declaraciones del presidente de la comisión, senador Rojo Edwards, son textuales del comunicado oficial.
«Ella tiene una visión distinta y que compartimos, de que la legislación sobre la cual nosotros trabajamos, el proyecto que hoy día está en el Senado es una legislación que no ha dado buenos resultados y se está intentando cambiar en Europa. Entonces, ella nos entregó una visión, y esa visión va a ser concretada en indicaciones. Muy probablemente una indicación sustitutiva.»
«El modelo que estamos siguiendo es un modelo que no ha resultado, por lo tanto, tenemos que incorporar otras experiencias del mundo, por ejemplo, la de Japón, la de Singapur, la de Corea, la que han tenido mejores resultados, y no solamente la norma europea.»
«El de la revisión ex ante, cambiarlo por revisión ex post. Ahí hay un cambio completo en la forma que se enfrenta a esto.»
Senador Rojo Edwards, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro. Comunicado oficial del Senado, 26 de mayo de 2026.
Una indicación sustitutiva reemplaza el texto completo del proyecto.
El cuadro, ordenado
| Ámbito | Qué ocurrió |
|---|---|
| Tratado internacional | Dos años abierto a firma, una sola ratificación de cinco necesarias |
| Armas autónomas | Consenso alcanzado eliminando diseño, desarrollo, ética, predictibilidad, confiabilidad, trazabilidad y explicabilidad |
| Industria | Las empresas piden coordinarse para ir más lento |
| Derecho de competencia | Demanda argumentando que coordinarse para ir más lento es ilegal |
| Estados Unidos | Rechazo explícito a la gobernanza global desde la tribuna de la ONU |
| Chile | Sustitución anunciada del modelo regulatorio adoptado |
Análisis del escenario
Lo que estas seis piezas describen no es desorden pasajero antes de que las cosas se asienten. Es una condición estructural con tres causas identificables.
El procedimiento que garantiza el acuerdo garantiza su vaciamiento
El consenso es la regla en la mayoría de los foros de desarme, y tiene una lógica defendible: ningún estado queda obligado por algo que no aceptó. Pero cuando el objeto regulado es una tecnología en desarrollo activo, esa regla produce un efecto perverso. El contenido del acuerdo converge hacia lo que acepta el participante menos dispuesto.
El caso de Ginebra lo muestra con precisión inusual, porque el texto anterior está publicado y se puede comparar. Setenta estados respaldaban un documento que exigía trazabilidad, explicabilidad y consideraciones éticas. Dos estados obtuvieron uno sin esas exigencias.
Ambos resultados son legítimos bajo las reglas del foro. Solo uno llega a la Conferencia de Revisión.
El derecho de competencia entra en conflicto con la coordinación en seguridad
El derecho antimonopolio existe porque la coordinación entre competidores perjudica al consumidor. Esa premisa es sólida y ha funcionado durante más de un siglo.
Pero está construida sobre un supuesto: que las empresas quieren coordinarse para extraer más valor. Cuando lo que quieren coordinar es ir más despacio por razones de seguridad, el mismo marco produce el resultado contrario al que persigue. La demanda del 18 de septiembre argumenta precisamente que desacelerar reduce el valor de las suscripciones pagadas.
Técnicamente puede tener razón. Y ese es el problema.
Los países que legislaron primero están descubriendo el costo
Chile no está abandonando el modelo europeo por razones ideológicas. Lo está abandonando, según las palabras del presidente de la comisión que lo tramita, porque ese modelo no ha dado buenos resultados y se está intentando cambiar en su lugar de origen.
Eso deja a cualquier legislador en una posición incómoda: legislar temprano implica el riesgo de consagrar un diseño que envejece mal, y legislar tarde implica que la tecnología se despliegue sin marco alguno.
La asimetría que resulta
La capacidad de desarrollar inteligencia artificial está concentrada en pocas organizaciones que avanzan a un ritmo que ellas mismas describen como difícil de sostener con seguridad. La capacidad de gobernarla está distribuida entre instituciones que operan en escalas de tiempo de años y que requieren consenso para actuar, con el resultado que Ginebra acaba de ilustrar.
Cuando las empresas piden públicamente que se las regule y el sistema político responde calificando la preocupación de engaño, el problema deja de ser de voluntad y pasa a ser de arquitectura institucional.
Para una organización que use inteligencia artificial en Chile, la consecuencia práctica es directa y poco cómoda: no existe hoy un marco estable sobre el cual planificar. El proyecto en trámite va a cambiar de diseño. El tratado internacional no rige. Y los estándares que la propia industria propone dependen de una exención legal que un tribunal está evaluando.
Planificar sobre cualquiera de esos tres supuestos es planificar sobre algo que puede no existir en dos años.
Fuentes primarias: Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Autónomas Letales, texto de negociación con fecha 5 de junio de 2026, repositorio documental de la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU · Dario Amodei, We Must Pace the Frontier, darioamodei.com, 12 de septiembre de 2026 · Senado de la República de Chile, comunicado oficial Senadores conocen propuesta del Ejecutivo para ley marco de IA, 26 de mayo de 2026 · Transcripción oficial de la ONU, intervenciones sobre la adopción del informe final del Grupo de Expertos Gubernamentales · Consejo de Europa, registro de firmas y ratificaciones del Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial (CETS 225), estado al 11 de septiembre de 2026.
Fuentes de organizaciones participantes: Human Rights Watch, declaración ante el Grupo de Expertos Gubernamentales del 1 de septiembre de 2026 y balance de la sesión final del 7 de septiembre de 2026 · Automated Decision Research, registro de las declaraciones conjuntas de Brasil y el Grupo Africano en la sesión final.
Fuentes periodísticas: Bloomberg, declaraciones del jefe de política global de OpenAI, 15 de septiembre de 2026 · Reportes públicos sobre la demanda presentada el 18 de septiembre de 2026 en el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California.
Nota metodológica: el texto de negociación de la ONU, el ensayo de Amodei y el comunicado del Senado fueron leídos en su versión original. El estado del convenio europeo proviene de cinco fuentes independientes que consultaron el registro oficial entre el 7 y el 22 de septiembre de 2026 y que coinciden en sus hallazgos.
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